Vol. 1. N°.  1. (2026).

Enero-Diciembre

Fecha de recepción:  20 de mayo de 2025

Fecha de revisión: 15 de julio de 2025

Fecha de aceptación: 29 de septiembre de 2025

Fecha de publicación: 26 de enero de 2026

Tipo de contribución: Artículo de análisis jurídico y doctrinario

ACUERDOS PROCESALES EN MATERIA PENAL Y SU INCIDENCIA EN LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

PROCEDURAL AGREEMENTS IN CRIMINAL MATTERS AND THEIR IMPACT ON THE PRESUMPTION OF INNOCENC

AUTOR:  José Adrián Tapia Acosta^[1] 

* DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: joseadriantapia28@gmail.com

Cita sugerida (APA, séptima edición):

Tapia Acosta J. A., (2026). Acuerdos procesales en materia penal y su incidencia en la presunción de inocencia. LATITUDE XERO. Journal of Multidisciplinary Research. 1(1), 49-62.

RESUMEN

La investigación examina la relación entre los acuerdos procesales en materia penal y el principio de presunción de inocencia como garantía esencial del debido proceso. El objetivo consiste en establecer la influencia de estos mecanismos de justicia consensuada sobre la protección de los derechos del imputado. El estudio adopta un enfoque cualitativo con base en revisión documental, análisis doctrinal, análisis normativo y examen de criterios jurisprudenciales. Los hallazgos muestran que los acuerdos procesales favorecen la celeridad y la eficiencia del sistema de justicia penal. No obstante, también revelan riesgos para la presunción de inocencia cuando el reconocimiento de responsabilidad responde a incentivos procesales o a presiones indirectas. El análisis permite establecer que la compatibilidad de estos mecanismos con la Constitución y con los instrumentos internacionales de derechos humanos depende del respeto a la voluntad libre del imputado, del acceso a información suficiente para la toma de decisiones y de un control judicial eficaz. En consecuencia, el uso de los acuerdos procesales requiere garantías que aseguren la protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal.

Palabras clave: Acuerdos procesales; presunción de inocencia; proceso penal; debido proceso; garantías constitucionales.

ABSTRACT

The research examines the relationship between procedural agreements in criminal matters and the principle of presumption of innocence as an essential guarantee of due process. The objective is to establish the influence of these consensual justice mechanisms on the protection of the rights of the accused. The study adopts a qualitative approach based on documentary review, doctrinal analysis, normative analysis and examination of jurisprudential criteria. The findings show that procedural agreements favor the speed and efficiency of the criminal justice system. However, they also reveal risks for the presumption of innocence when the recognition of responsibility responds to procedural incentives or indirect pressures. The analysis allows us to establish that the compatibility of these mechanisms with the Constitution and with international human rights instruments depends on respect for the free will of the accused, access to sufficient information for decision-making and effective judicial control. Consequently, the use of procedural agreements requires guarantees that ensure the protection of fundamental rights throughout the criminal process.

Keywords: Procedural agreements; presumption of innocence; criminal proceedings; due process; constitutional guarantees.

INTRODUCCIÓN

Los acuerdos procesales en materia penal representan mecanismos jurídicos que buscan optimizar la administración de justicia mediante la solución consensuada de determinados conflictos penales. Su incorporación responde a la necesidad de reducir la carga procesal, disminuir la duración de los procesos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial. Aunque estas figuras adquirieron mayor relevancia en los modelos contemporáneos de justicia penal, sus antecedentes se vinculan con formas históricas de resolución de conflictos orientadas hacia respuestas más ágiles y eficaces. (Sarde, 2022)

La evolución del derecho procesal estuvo marcada por una concepción pública del proceso, con escaso margen para la autonomía de las partes. Sin embargo, las exigencias actuales impulsaron la adopción de mecanismos consensuados que permiten mejorar la eficiencia judicial sin prescindir de las garantías propias del debido proceso. En este contexto, los acuerdos procesales constituyen una herramienta para enfrentar el incremento de las causas penales y favorecer una justicia con mayor oportunidad.

La aplicación de estos mecanismos ha originado un amplio debate jurídico, sobre todo por su relación con el principio de presunción de inocencia, reconocido como una garantía esencial del debido proceso. Este principio exige que toda persona conserve la condición de inocente hasta la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada y atribuye al órgano acusador la carga de demostrar la responsabilidad penal mediante pruebas obtenidas conforme al ordenamiento jurídico. (Ávila Piña & Amado, 2023). La doctrina reconoce la presunción de inocencia como un derecho fundamental que protege a toda persona frente al ejercicio del poder punitivo del Estado y asegura un proceso justo.

El análisis adquiere especial importancia cuando los acuerdos procesales incluyen el reconocimiento de hechos o de responsabilidad penal. En tales circunstancias, la aceptación del acuerdo puede responder al interés por acceder a beneficios procesales, como la reducción de la pena o la terminación anticipada del proceso, incluso cuando subsistan dudas acerca de la responsabilidad del imputado. (Mejía Milian, 2023). Esta situación plantea interrogantes sobre la libertad de decisión del procesado y sobre la compatibilidad de estos mecanismos con las garantías constitucionales.

La doctrina distingue los indicios de las presunciones, debido a que los primeros constituyen hechos susceptibles de prueba, mientras que las segundas corresponden a inferencias construidas a partir de aquellos. Esta diferenciación resulta relevante para comprender el alcance jurídico de la presunción de inocencia dentro del proceso penal. (Espinoza-Guamán, 2022)

La consolidación de modelos orientados hacia una justicia más eficiente exige un equilibrio entre la eficacia procesal y la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, los acuerdos procesales requieren un marco normativo claro, control judicial efectivo y garantías que aseguren una decisión libre e informada por parte del imputado. Tales condiciones permiten preservar principios esenciales, entre ellos el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la presunción de inocencia.

Con base en estas consideraciones, la investigación examina la incidencia de los acuerdos procesales sobre la presunción de inocencia mediante el análisis de la normativa vigente, la doctrina especializada y la jurisprudencia aplicable. El estudio también identifica los principales desafíos asociados con la aplicación de estos mecanismos y valora la suficiencia de las garantías existentes para proteger los derechos de las personas sometidas a un proceso penal, con el propósito de determinar si resulta posible armonizar la eficiencia del sistema de justicia con el respeto pleno de las garantías constitucionales.

MÉTODOS

El estudio se sustentó en un análisis y revisión documental como estrategia para examinar, interpretar e integrar información procedente de fuentes bibliográficas especializadas sobre los acuerdos procesales y la presunción de inocencia (Duarte-Sánchez & Guerrero-Barreto, 2024). Este método permitió la identificación de fundamentos doctrinales, normativos y jurisprudenciales que respaldan la comprensión del problema de investigación y favorecen la construcción de un marco analítico sólido.

La búsqueda de información tuvo lugar en Google Académico, debido a la amplitud de su cobertura de publicaciones científicas y académicas. En una primera etapa se identificaron doce artículos relacionados con el objeto de estudio. Posteriormente, la aplicación de criterios de selección consideró el idioma de publicación, el país de procedencia, la pertinencia temática y la fecha de publicación, con prioridad para investigaciones recientes y con respaldo científico. Como resultado de este proceso, la revisión incluyó nueve documentos.

El análisis documental comprendió la organización y clasificación de la información mediante un sistema de códigos y categorías temáticas. Los códigos facilitaron la identificación de unidades de significado presentes en los textos, mientras que las categorías permitieron agrupar conceptos, argumentos y resultados con características comunes. Este procedimiento favoreció la comparación de los aportes de cada fuente y permitió establecer relaciones entre los diferentes enfoques doctrinales y jurídicos. (Vives Varela & Hamui Sutton, 2021; Rueda Sánchez, et. al., 2023)

La revisión de los documentos permitió identificar cuatro categorías de análisis que estructuraron la información recopilada y orientaron la interpretación de los hallazgos. Esta organización facilitó el examen de los aspectos jurídicos relacionados con los acuerdos procesales, la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el control judicial, lo que fortaleció la consistencia del análisis.

El empleo de palabras clave específicas permitió localizar estudios acordes con el propósito de la investigación y seleccionar información pertinente. La aplicación de criterios sistemáticos durante la búsqueda, selección, organización e interpretación de las fuentes aportó consistencia al análisis documental y fortaleció la calidad de la evidencia utilizada para sustentar las conclusiones del estudio.

RESULTADOS

El estudio permitió evidenciar que los acuerdos procesales se han consolidado como una de las herramientas más representativas de la justicia penal contemporánea, debido a su capacidad para responder de manera más rápida y eficiente a los conflictos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. En un contexto que se caracteriza por el incremento constante de causas penales y la creciente demanda social de respuestas oportunas, estos mecanismos han surgido como alternativas que permiten optimizar la gestión judicial y reducir los niveles de congestión procesal. Su implementación ha favorecido que determinados procedimientos concluyan en plazos más razonables, lo cual evita dilaciones innecesarias y contribuyendo a una utilización más eficiente de los recursos humanos, económicos e institucionales disponibles dentro del sistema de justicia. Sin embargo, esta búsqueda de mayor celeridad plantea importantes desafíos, en especial, en lo referente a la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal. La eficiencia, aunque necesaria, no puede convertirse en un objetivo que justifique la disminución de las garantías que caracterizan a un Estado constitucional de derechos.

Los hallazgos obtenidos muestran además que la existencia de incentivos o beneficios procesales asociados a los acuerdos influye de manera significativa en las decisiones adoptadas por los procesados. La posibilidad de acceder a una reducción de la pena, evitar la exposición emocional y económica que implica un juicio prolongado, disminuir la incertidumbre sobre el resultado final del proceso o alcanzar una solución más rápida a su situación jurídica son factores que pueden motivar la aceptación de una negociación procesal. Esta realidad evidencia que la decisión de acogerse a un acuerdo no constituye una manifestación inequívoca de responsabilidad penal, sino que en muchas ocasiones responde a criterios de conveniencia práctica o a la necesidad de minimizar los riesgos asociados a la continuidad del procedimiento. Por ello, resulta fundamental analizar cada caso desde una perspectiva integral, dado que las circunstancias personales, jurídicas y sociales que pueden influir en la voluntad del procesado.

Asimismo, la investigación permitió identificar que uno de los aspectos más sensibles dentro del debate jurídico contemporáneo se relaciona con la incidencia que los acuerdos procesales pueden tener sobre la presunción de inocencia. La presunción es un concepto jurídico tratado desde el enfoque de los hechos, caracterizado por su valor corroborativo. La presunción de inocencia es una libertad personal de los seres humanos, de manera especial cuando estos son imputados o encausados dentro de un proceso penal, garantiza que mediante la investigación de los hechos pueden ser declarado o no como inocente en la sentencia firme (Ojeda-López & Medina-Medina, 2024).

Este principio constituye una garantía fundamental reconocida por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por los ordenamientos constitucionales modernos, al establecer que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad penal. No obstante, la aceptación de determinadas fórmulas consensuadas puede generar percepciones ambiguas respecto de esta garantía, en especial cuando la negociación procesal implica asumir ciertos hechos o aceptar consecuencias jurídicas antes de que se produzca un examen completo de los elementos probatorios. Esta situación exige una especial atención por parte de los operadores de justicia, quienes deben garantizar que la utilización de mecanismos no se traduzca en una afectación indirecta de la presunción de inocencia ni en una renuncia implícita a derechos fundamentales.

En este escenario, la defensa técnica adquiere una relevancia trascendental como uno de los principales mecanismos de protección de los derechos del procesado. La investigación permitió constatar que el acompañamiento de un profesional del derecho no constituye una formalidad exigida por la normativa procesal, sino una garantía sustancial que permite al imputado comprender las implicaciones jurídicas de las decisiones que adopta. Una defensa eficaz facilita el acceso a información clara y suficiente sobre las ventajas, riesgos y consecuencias derivadas de un acuerdo procesal, permitiendo que la decisión adoptada responda a una voluntad auténtica y libre de condicionamientos indebidos. En consecuencia, el derecho a la defensa se convierte en un elemento indispensable para asegurar que la negociación procesal se desarrolle dentro de parámetros compatibles con el debido proceso y el respeto a la dignidad humana.

De igual forma, se observó que la participación judicial desempeña un papel determinante en la protección de los derechos fundamentales involucrados en estos procedimientos. El juez no debe limitar su intervención a la aprobación formal de los acuerdos alcanzados entre las partes, sino que debe ejercer un control efectivo sobre las condiciones en que estos fueron celebrados. Esto implica verificar que el consentimiento haya sido otorgado de manera voluntaria, que no existan presiones, amenazas o incentivos desproporcionados que afecten la voluntad del procesado y que las condiciones pactadas respeten de manera integral las garantías constitucionales y legales aplicables al caso. A través de esta función de control, la autoridad judicial actúa como garante de la legalidad y de la protección de los derechos fundamentales, loa cual ayuda a contribuir a preservar la legitimidad de los acuerdos procesales dentro del sistema de justicia penal.

Por otra parte, los resultados reflejan que la correcta aplicación de los acuerdos procesales requiere el fortalecimiento de una cultura jurídica basada en el respeto irrestricto de los principios constitucionales. La modernización de la justicia penal no debe medirse por la reducción de tiempos procesales o por indicadores de productividad institucional, sino también por la capacidad del sistema para garantizar soluciones compatibles con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, la transparencia, la equidad, la imparcialidad y el respeto a la dignidad de las personas deben constituir criterios orientadores en la implementación de cualquier mecanismo consensuado. Solo de esta manera será posible consolidar un modelo de justicia que combine eficiencia con legitimidad y que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de administrar justicia.

El estudio permite afirmar que la confianza social en el sistema judicial se encuentra vinculada a la percepción de que los acuerdos procesales son utilizados de manera justa y equilibrada. Cuando estos mecanismos se aplican respetando las garantías constitucionales y bajo una adecuada supervisión institucional, contribuyen a fortalecer la credibilidad de la administración de justicia y a mejorar la percepción pública sobre su capacidad para resolver conflictos de manera eficaz. Por el contrario, si son percibidos como instrumentos que privilegian la rapidez sobre la justicia o que limitan de forma irregular los derechos de las personas procesadas, pueden generar cuestionamientos respecto de su legitimidad y afectar la confianza ciudadana en el sistema penal.

En términos generales, la investigación demuestra que los acuerdos procesales representan una herramienta válida y necesaria para optimizar el funcionamiento de la justicia penal en sociedades contemporáneas caracterizadas por una creciente complejidad de los conflictos jurídicos. Sin embargo, su legitimidad y aceptación social dependen de que su aplicación se encuentre subordinada al respeto de los principios fundamentales que sustentan el debido proceso. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la igualdad procesal, la tutela judicial efectiva y el control jurisdiccional constituyen garantías que no pueden ser relativizadas en nombre de la eficiencia. Solo cuando estos derechos son respetados es posible afirmar que los acuerdos procesales contribuyen a la construcción de una justicia penal moderna, eficiente y, al mismo tiempo, comprometida con la protección integral de los derechos humanos.

La presunción de inocencia es una figura legal que tiene una importancia capital en el mundo jurídico.  Es así, que lejos de ser un mero principio teórico de derecho, representa una garantía procesal insoslayable para todos. Por tanto, se concibe como la máxima garantía para cualquier justiciable y uno de los pilares del proceso penal (Cedeño Pérez, 2023).

Tabla 1. Incidencia de los acuerdos procesales en la presunción de inocencia dentro del proceso penal

DISCUSIÓN

La evolución de los mecanismos consensuados dentro del proceso penal ha cambiado la forma en que los sistemas de justicia abordan la resolución de los conflictos derivados de la comisión de infracciones. Durante décadas, la justicia penal estuvo caracterizada por procedimientos extensos y adversariales, en los que la resolución del conflicto dependía de la confrontación entre las partes y de la decisión final adoptada por el juzgador. Sin embargo, el aumento de la carga procesal, la necesidad de optimizar recursos públicos y la búsqueda de respuestas más rápidas y eficaces impulsaron la incorporación de mecanismos alternativos que permiten alcanzar soluciones consensuadas dentro del proceso penal. Entre estos instrumentos, los acuerdos procesales han adquirido una importancia creciente, convirtiéndose en herramientas que buscan agilizar la administración de justicia sin prescindir de las garantías fundamentales reconocidas a los ciudadanos.

No obstante, el análisis de estos mecanismos no puede limitarse a los beneficios que ofrecen en términos de eficiencia institucional. Si bien es evidente que contribuyen a reducir la congestión judicial, disminuir los tiempos de resolución de las causas y optimizar la utilización de recursos humanos y económicos, también es necesario examinar sus implicaciones sobre los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación o juzgamiento. Entre estos derechos destaca la presunción de inocencia, considerada uno de los pilares esenciales del debido proceso y una garantía indispensable frente al ejercicio del poder punitivo del Estado.

La incorporación de mecanismos de consenso dentro del ámbito penal responde a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la capacidad operativa de las instituciones encargadas de administrar justicia y la obligación estatal de garantizar una respuesta oportuna a los conflictos penales. En sociedades donde los sistemas judiciales enfrentan una creciente demanda de intervención, los acuerdos procesales aparecen como alternativas que permiten evitar procedimientos prolongados y complejos, lo cual facilita la resolución anticipada de determinados casos. Sin embargo, la búsqueda de una mayor celeridad procesal no puede convertirse en un objetivo absoluto que justifique la flexibilización de las garantías constitucionales. Por el contrario, la eficiencia debe coexistir con la protección efectiva de los derechos humanos, de manera que ninguna persona vea comprometida su situación jurídica como consecuencia de decisiones adoptadas bajo presión o sin pleno conocimiento de sus efectos.

La presunción de inocencia es en las sociedades democráticas una garantía fundamental, un principio inspirador del proceso penal (Rodríguez Bahamonde, 2022).

Desde una perspectiva garantista, el principal debate gira en torno a la compatibilidad de los acuerdos procesales con la presunción de inocencia. Este principio, reconocido tanto por los instrumentos internacionales de derechos humanos como por las constituciones modernas, establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal mediante un procedimiento desarrollado con todas las garantías legales. En este sentido, surge la interrogante respecto de si la aceptación de un acuerdo procesal puede generar, directa o indirectamente, una afectación a este derecho fundamental, cuando el procesado decide acogerse a una salida anticipada antes de que exista una declaración judicial definitiva sobre los hechos investigados.

Según Guerrero-Ramírez y Morocho Baculima el principio de presunción de inocencia, tiene como base angular considerar que por naturaleza todos los hombres son inocentes, no culpables, consecuencia de lo cual es dable determinar: toda persona sujeta a un procedimiento o proceso penal no se considera responsable de la comisión del ilícito hasta que exista una sentencia firme que la declare culpable (Guerrero-Ramírez & Morrocho-Baculima, 2022)

La respuesta a esta preocupación exige comprender que la legitimidad de los acuerdos procesales depende de las condiciones bajo las cuales son celebrados. La doctrina contemporánea coincide en señalar que estos mecanismos solo resultan compatibles con la presunción de inocencia cuando la voluntad del procesado se expresa de manera libre, consciente e informada. Esto significa que la persona debe conocer las implicaciones jurídicas de su decisión, las consecuencias derivadas de la aceptación del acuerdo y las alternativas procesales que tendría a su disposición en caso de optar por continuar con el procedimiento ordinario. De igual manera, debe existir la certeza de que su decisión no ha sido influenciada por amenazas, coerciones, expectativas irreales de beneficio o situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar su capacidad de autodeterminación.

En este contexto, la participación de una defensa técnica eficaz adquiere una importancia fundamental. El derecho a la defensa no se limita a la presencia formal de un abogado, sino que implica la asistencia efectiva de un profesional capaz de proporcionar orientación jurídica adecuada y garantizar que el procesado comprenda el alcance de sus decisiones. Una defensa técnica adecuada permite equilibrar la relación entre el individuo y el aparato estatal, evitando que el desconocimiento de la ley o la complejidad del procedimiento se conviertan en factores que condicionen la aceptación de acuerdos procesales.

Asimismo, el análisis evidencia que la función del juez adquiere una relevancia trascendental dentro de estos procedimientos. Su papel no debe limitarse a verificar aspectos formales ni a homologar los acuerdos alcanzados por las partes. Por el contrario, corresponde al juzgador ejercer un control riguroso sobre la legalidad del procedimiento, asegurándose de que la voluntad del procesado haya sido expresada con total libertad y que sus derechos fundamentales hayan sido respetados en todas las etapas del proceso. Esta labor de supervisión constituye una garantía esencial para prevenir abusos, corregir posibles irregularidades y asegurar que los acuerdos procesales se desarrollen dentro de los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

Otro aspecto relevante que emerge del análisis es que los acuerdos procesales reflejan una transformación progresiva de los modelos tradicionales de justicia penal. Esta evolución responde a una tendencia internacional orientada a promover formas de resolución de conflictos más flexibles, participativas y eficientes, en las que las partes adquieren un rol más activo dentro del procedimiento. No obstante, este cambio de paradigma no debe interpretarse como una sustitución de los principios garantistas que a lo largo de la historia han podido caracterizar al derecho penal moderno. Por el contrario, la incorporación de mecanismos consensuados exige fortalecer los controles institucionales destinados a proteger los derechos fundamentales, evitando que la búsqueda de resultados rápidos comprometa los valores esenciales del Estado de derecho.

En palabras de Vásquez Ruiz (2023), la prisión preventiva y presunción de inocencia son dos conceptos cuyo tratamiento y análisis siempre ha generado un amplio debate. Algunos consideran la necesidad de uno en perjuicio del otro, mientras que otros exponen que en ningún caso se puede lesionar el derecho a presumirse inocente.  Este enfrentamiento se hace latente cuando una persona es considerada sospechosa de cometer un ilícito y sometida a un proceso penal.

En definitiva, los acuerdos procesales representan una herramienta valiosa para modernizar y optimizar la administración de justicia penal, siempre que su aplicación se encuentre subordinada al respeto irrestricto de las garantías constitucionales. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva deben mantenerse como límites infranqueables dentro de cualquier mecanismo consensuado. Solo bajo estas condiciones será posible alcanzar un equilibrio adecuado entre eficiencia procesal y protección de derechos, consolidando un modelo de justicia penal que responda a las necesidades contemporáneas sin renunciar a los principios fundamentales que sustentan la dignidad y libertad de las personas.

CONCLUSIONES

Los acuerdos procesales representan instrumentos jurídicos que favorecen la descongestión del sistema de justicia penal, reducen el tiempo de resolución de las causas y optimizan el uso de los recursos institucionales. No obstante, su legitimidad requiere un análisis basado en los principios y garantías constitucionales, puesto que la eficiencia procesal no puede prevalecer sobre la protección de los derechos fundamentales. El análisis permitió establecer que la presunción de inocencia mantiene plena vigencia dentro de los procedimientos sustentados en acuerdos procesales. La aceptación de un acuerdo no elimina las garantías constitucionales, por lo que resulta indispensable asegurar una decisión libre, voluntaria e informada. Para ello, el procesado debe conocer el alcance jurídico del acuerdo, sus consecuencias y las alternativas previstas por la normativa penal. La investigación evidenció que la defensa técnica y el control judicial constituyen garantías esenciales para proteger los derechos del procesado. La asistencia profesional facilita una decisión fundada, mientras que la intervención judicial verifica la ausencia de presiones o cualquier circunstancia que afecte la voluntad de las partes, lo que fortalece la legalidad del procedimiento. Se determinó que la celeridad procesal no justifica la reducción de las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la presunción de inocencia. La correcta aplicación de los acuerdos procesales fortalece la confianza ciudadana en la justicia cuando existe transparencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. En consecuencia, la compatibilidad de estos mecanismos con un modelo de justicia garantista depende de la actuación responsable de fiscales, defensores y jueces, así como de procesos permanentes de capacitación, supervisión y evaluación institucional.

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FINANCIACIÓN

El autor no recibió financiación para el desarrollo de la presente investigación

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existe conflicto de intereses

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: José Adrián Tapia Acosta.

Curación de datos: José Adrián Tapia Acosta.

Análisis formal: José Adrián Tapia Acosta.

Investigación: José Adrián Tapia Acosta.

Metodología: José Adrián Tapia Acosta.

Software: José Adrián Tapia Acosta.

Supervisión: José Adrián Tapia Acosta.

Visualización: José Adrián Tapia Acosta.

Redacción – borrador original: José Adrián Tapia Acosta.

Redacción – revisión y edición: José Adrián Tapia Acosta.